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Esta normativa viene a complementar el reglamento de taxonomía, que obliga a las empresas y a los agentes financieros a informar acerca de qué parte de sus actividades son verdes, o sea, cuál es su contribución «positiva». Por su parte, el reglamento de divulgación obliga a informar acerca de la gestión de riesgos. Es importante hacer hincapié en que, en este reglamento, la Unión Europea ha aplicado su enfoque de «doble materialidad». No solo tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad en lo que respecta al valor de las inversiones sino que también exige que los actores financieros sean más transparentes en lo que respecta al impacto de sus inversiones sobre la sostenibilidad.

El SFDR: ¿Qué implicaciones tiene para las sociedades de gestión de activos?
El reglamento estipula que la información que deben proporcionar los agentes del mercado —con mayores obligaciones para entidades con más de 500 empleados—, sus productos y los asesores financieros. Las expectativas de transparencia en cuanto a las comunicaciones son diferentes dependiendo de la importancia que tengan los criterios de sostenibilidad en los procesos de inversión y los materiales promocionales. El reglamento establece obligaciones en materia de transparencia para todos los productos, con obligaciones adicionales para aquellos productos con dimensión ESG .

Existen 3 categorías:
  • Los llamados productos del «artículo 6», que no tienen ningún objetivo de sostenibilidad. Se trata de productos que no entran en la definición del artículo 8 o del artículo 9.
  • Productos del «artículo 8», que promueven, entre otras cualidades, características medioambientales o sociales, o una combinación de las mismas. En nuestra opinión, su definición es deliberadamente amplia para obligar a todos los agentes que refieran algún grado de implicación con los criterios ESG a utilizar un cierto nivel de transparencia en su comunicaciones.
  • Productos del «artículo 9», es decir, aquellos cuya finalidad es la inversión sostenible, es decir, la inversión en actividades económicas que contribuyan a un objetivo medioambiental o social.
Hasta el momento, no se ha ofrecido una definición precisa de cuál es el límite exacto entre los productos del artículo 8 y del artículo 9. De hecho, el texto se limita a enumerar ciertas características sin nombrar productos específicos ni ofrecer especificaciones precisas. Cada gestora ha tenido que tomar sus decisiones según su propia interpretación del texto y es posible que, en los próximos meses, haya que hacer modificaciones a los requisitos reglamentarios vigentes.

El principal objetivo de este reglamento es ir más allá de las comunicaciones voluntarias de las sociedades de gestión de activos y proponer un marco de presentación armonizado y una mayor transparencia acerca de las intenciones y las actuaciones reales. El principio rector es que, cuando un fondo tenga características u objetivos medioambientales o sociales, ya sea del artículo 8 o del artículo 9, debe informar de ello de manera transparente con indicadores que demuestren el cumplimiento de estos objetivos. Incluso los productos sin características ESG deben informar acerca de cómo abordan los riesgos de sostenibilidad. El reglamento proporciona además elementos para medir el grado en que las políticas de compensación de las compañías de servicios financieros son compatibles con estos acuerdos.

La posición de Mirova: todas sus entrategias dentro del artículo 9
Mirova es una gestora de activos dedicada a la inversión sostenible. Desde nuestra creación en 2014, hemos intentado demostrar que es posible compaginar la búsqueda de rentabilidad financiera con un impacto medioambiental y social en todas las clases de activos. Estamos totalmente convencidos de que la inversión es un elemento clave en la evolución de la economía hacia un modelo sostenible, pero que, con el fin de contribuir eficazmente a esta transición, el sector financiero debe ser capaz de dejar atrás sus índices de referencia tradicionales y establecer nuevos índices de referencia y nuevos objetivos. Consideramos que este giro copernicano es, además de necesario para nuestra economía y nuestra sociedad, beneficioso a largo plazo para los inversores. La búsqueda de apoyo para soluciones económicas sostenibles también supone situarnos en una posición en la que podemos beneficiarnos de su desarrollo.

Con el fin de formalizar este compromiso y fomentar la concienciación acerca del mismo —no solo en lo que respecta a nuestros productos y nuestros inversores, sino también en lo que respecta a nuestra sociedad y todas las partes interesadas—, hemos decidido transformar nuestra organización. En diciembre de 2020, anunciamos que habíamos adoptado el estatus de empresa guiada por una misión y obtenido la certificación B-Corp. Nos hemos dotado de una razón de ser, recogida en nuestros estatutos. También hemos fijado objetivos y establecido una gobernanza para impulsar la consecución de estos objetivos. De este modo, hemos adoptado un estatuto legal recientemente creado con unos efectos a largo plazo desconocidos. En cierta manera, creemos que esto también forma parte de nuestro papel como agente totalmente dedicado a la inversión sostenible: actuar como pioneros que guíen a otros agentes hacia la adopción de nuevos modelos.

La búsqueda de un impacto siempre ha sido uno de nuestros principales objetivos. Esta búsqueda de impacto se aplica en todas nuestras clases de activos mediante la integración ex ante de criterios de desarrollo sostenible en los objetivos de inversión de todos nuestros fondos y una medición sistemática ex post de su impacto ambiental y social.

En consecuencia, era natural que, según nuestra interpretación del texto del SFDR, clasificásemos todos nuestros fondos como del «artículo 9». Adoptamos oficialmente esta postura el 10 de marzo. Con un cierto nivel de precaución, teniendo en cuenta el hecho de que los textos siguen estando muy abiertos a la interpretación, pero con el convencimiento de que esta era, para nosotros, una posición acorde con nuestra razón de ser y que queríamos adoptar. Estamos siempre al tanto de las novedades relacionadas con la regulación de las finanzas sostenibles con el fin de llevar a cabo los cambios relevantes en nuestra gama de fondos. Seguiremos apostando por la inversión de impacto de acuerdo con nuestra definición de este término que publicamos en diciembre de 2020: un enfoque que combina intencionalidad, complementariedad y la posibilidad de medir el impacto.

Unas semanas más tarde, cuando aparecieron los primeros análisis, éramos la única gestora de activos de Europa que había hecho de entrada esta elección en todas sus carteras. Entre las gestoras activos que han declarado sus posiciones, aproximadamente el 20 % de los fondos se invierten en productos de los artículos 8 y 9, y menos del 4 por ciento en productos del artículo 9 . Por supuesto, cabe esperar que muchos actores hayan preferido adoptar una actitud de cautela a la espera de más aclaraciones acerca del SFDR y que estas cifras cambien en los próximos meses. Sin embargo, la parte positiva de estos números es que han suavizado las apasionadas reivindicaciones que a menudo aparecen en las comunicaciones de productos presentados como «sostenibles» o «ESG» de sociedades de gestión de activos que acaban de subirse al carro y ofrecen una respuesta bastante objetiva y uniforme a la pregunta: «¿Vuestros productos tienen como objetivo la inversión sostenible?»

El SFDR: más allá de la transparencia
Además de promover la transparencia, este reglamento ha permitido la definición de los artículos 8 y 9. De este modo, parece haber satisfecho la necesidad existente en el mercado de distinguir los productos de inversión según su nivel de ambición en términos de sostenibilidad. Incluso aunque en esta fase su uso directo sigue siendo incierto en otros textos de la UE (los que pueden influir, por ejemplo, en la distribución de productos a inversores minoristas), a los agentes del mercado financiero parecen haberles gustado estas distinciones que, en nuestra opinión, son esenciales la hora de garantizar el cumplimiento de las expectativas de los inversores. Mediante esta apelación a la transparencia, el SFDR contribuye a ofrecer una respuesta de facto al problema de la normalización de los productos, a pesar de no ser esta la intención original del regulador.
Mirova
Sociedad de gestión de carteras - Compañía pública de responsabilidad limitada francesa.
Regulada por la AMF con el núm. GP 02-014
RCS de París núm. 394 648 216
Domicilio social: 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – París
Mirova es una filial de Natixis Investment Managers.

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